EL NEGOCIO DE TENER TECHO: Cuando vivir se convierte en un lujo y la política descubre que existen ciudadanos

 

Miles de personas trabajan para pagar una vivienda que cada vez queda más lejos de sus posibilidades.

Hay personas que compran una vivienda para vivir. Otras la compran para invertir. Algunas compran varias para multiplicar sus beneficios. Y después están las que trabajan, cobran a final de mes y hacen malabarismos para conseguir lo más básico: un lugar donde dormir sin que el alquiler se coma media vida.

Bienvenidos al maravilloso mercado inmobiliario del siglo XXI. Ese lugar donde una vivienda puede valer una fortuna, pero la vida de quien no puede pagarla parece valer bastante menos.

Porque tener un techo ya no siempre depende de trabajar, ahorrar o administrarse bien. A veces depende de haber nacido en el momento adecuado, de tener ayuda familiar o de disponer de una cuenta bancaria que no se eche a llorar cuando ve el precio de un piso.

Y si no cumples esos requisitos, tranquilo: siempre puedes compartir habitación, aplazar tus proyectos personales o descubrir que independizarse es una actividad de lujo. Como navegar en un yate, pero con menos glamour y más humedad en el baño.

MARICARMEN: CUANDO EL PROBLEMA DEJA DE SER UNA ESTADÍSTICA

La crisis de la vivienda tiene cifras, informes, gráficos y declaraciones institucionales. Pero de vez en cuando aparece una historia que rompe la cómoda distancia entre los números y las personas.

La de María del Carmen Abascal, conocida como Maricarmen, de 87 años, es una de ellas. Fue desalojada de la vivienda en la que había vivido durante más de siete décadas, en Madrid. Su caso provocó una oleada de indignación y protestas en defensa del derecho a la vivienda. Falleció el 7 de octubre, después de haber sido hospitalizada tras el desalojo. No se ha establecido públicamente que el desahucio fuera la causa médica de su muerte, y conviene no confundir una cosa con la otra.

Pero hay una pregunta que permanece: ¿qué clase de sociedad construimos cuando una mujer de 87 años puede terminar convertida en el centro de una batalla inmobiliaria?

Su historia no demuestra por sí sola todos los fallos del sistema. Sí ha puesto un rostro a una preocupación que miles de personas conocen demasiado bien: la inseguridad de no saber si podrán seguir viviendo en su casa.

Y cuando miles de ciudadanos salen a la calle para reclamar algo tan elemental como una vivienda digna, quizá el problema no sea que la gente se ha vuelto demasiado exigente. Quizá el problema sea que hemos rebajado demasiado nuestras expectativas.

LAS CIFRAS TAMBIÉN DESAHUCIAN, AUNQUE NO LLEVEN UNIFORME

En Catalunya, el alquiler medio alcanzó los 884,19 euros mensuales en el cuarto trimestre de 2025, según los datos de Incasòl recogidos por Idescat. En el conjunto del año, el Baix Penedès registró un alquiler medio de 665,50 euros mensuales, con 1.546 contratos contabilizados.

Son medias, no ofertas garantizadas para quien busca piso hoy. Tampoco reflejan por sí solas las diferencias entre municipios, tamaños de vivienda o ingresos familiares. Pero sirven para plantear una pregunta bastante incómoda: ¿qué margen queda para vivir cuando una parte importante del sueldo se marcha antes de que empiece el mes?

El propio Gobierno español ha reconocido en la normativa de vivienda que, en 2025, el 26,8 % de los hogares que vivían de alquiler a precio de mercado destinaban más del 40 % de sus ingresos a pagarlo. En la Unión Europea, el porcentaje era del 18,6 %.

No estamos hablando de comprar una segunda residencia, reformar una cocina o elegir entre parquet y mármol. Estamos hablando de personas para las que pagar la vivienda puede significar recortar alimentación, transporte, cultura, salud o cualquier pequeño imprevisto.

Y después todavía habrá quien les explique que deberían aprender a ahorrar.

Naturalmente. El dinero que no queda después de pagar el alquiler debe de estar escondido en algún cajón secreto. Quizá junto a las soluciones definitivas que las administraciones llevan años anunciando.

EL GOBIERNO APRUEBA DECRETOS. EL MERCADO NO SE SIENTA A APLAUDIR

Esta semana, el Gobierno español ha vuelto a mover ficha con nuevas medidas de vivienda. Entre ellas figuran actuaciones para proteger a inquilinos vulnerables, limitar determinadas prácticas especulativas y ampliar la oferta de vivienda asequible.

También se ha aprobado una norma destinada a reforzar la estabilidad de los contratos de alquiler habitual, cuya entrada en vigor está prevista para el 15 de noviembre de 2026. La normativa publicada debe pasar por el procedimiento de convalidación correspondiente, de modo que no conviene presentar todas las medidas como si su recorrido político estuviera definitivamente resuelto.

En otras palabras: hay medidas anunciadas y aprobadas, pero todavía hay que observar su aplicación, su continuidad y sus resultados.

Y aquí llega la parte que menos gusta en las ruedas de prensa: aprobar una norma no equivale a resolver una crisis.

Una ley puede proteger a determinadas familias, introducir obligaciones y frenar algunos abusos. Puede ser necesaria. Pero si la oferta de vivienda asequible sigue siendo insuficiente y los precios continúan fuera del alcance de muchas personas, el problema no desaparece por arte de magia legislativa.

¿Quién comprobará si las medidas funcionan? ¿Cuántas viviendas asequibles se incorporarán realmente al mercado? ¿Qué presupuesto se destinará a ello? ¿Qué ocurrirá con quienes no cumplen los requisitos para acceder a una ayuda, pero tampoco pueden pagar un alquiler privado?

Las respuestas importan bastante más que el número de veces que se pronuncie la expresión «derecho a la vivienda».

Porque las familias no pagan el alquiler con decretos, ni llenan la nevera con declaraciones institucionales.

BARCELONA SUBE EL IBI A LOS PISOS TURÍSTICOS. ¿Y AHORA QUÉ?

El debate tampoco se queda en Madrid. Este 9 de octubre, Barcelona ha aprobado recargos del IBI para apartamentos turísticos de entre el 50 % y el 150 %, según el número de propiedades del titular. El Ayuntamiento busca desincentivar ese uso y ha anunciado su intención de cerrar los 10.600 pisos turísticos existentes para 2028.

La medida abre un debate necesario sobre el uso de la vivienda en ciudades con una fuerte presión inmobiliaria. Pero una decisión fiscal no debería venderse como una solución completa a un problema que tiene muchas piezas.

Habrá que ver cómo se aplica, qué efectos produce y si esas viviendas terminan incorporándose al mercado residencial en condiciones realmente accesibles.

Porque una vivienda que deja de ser turística no se convierte automáticamente en una vivienda asequible. Puede pasar al alquiler habitual, venderse, permanecer vacía o seguir teniendo un precio que expulse a buena parte de la población.

El objetivo no debería ser cambiar una etiqueta por otra. Debería ser conseguir que más personas puedan acceder a una vivienda digna.

Y esa diferencia es importante. Aunque quede bastante menos vistosa en un titular.

EL BAIX PENEDÈS NO VIVE EN UNA BURBUJA DISTINTA

En nuestra comarca, la vivienda también merece una mirada propia. No basta con hablar de Barcelona, Madrid o de los grandes fondos de inversión como si el problema se detuviera al cruzar una frontera municipal.

El Baix Penedès registró en 2025 un alquiler medio de 665,50 euros mensuales. La cifra no describe todas las situaciones ni permite afirmar que todos los pisos cuesten eso. Pero sí obliga a mirar la relación entre los precios, los salarios y las necesidades de quienes viven aquí.

¿Puede una persona con ingresos modestos acceder a una vivienda sin quedar económicamente asfixiada? ¿Hay suficiente vivienda pública y asequible? ¿Se están utilizando todos los instrumentos disponibles para movilizar vivienda vacía y ampliar la oferta residencial? ¿Se publican resultados claros para que la ciudadanía pueda evaluar la gestión?

Y, sobre todo, ¿quién está pensando en las personas que trabajan en nuestros pueblos, cuidan a nuestros mayores, atienden nuestros servicios y mantienen viva la economía local, pero pueden tener dificultades para vivir cerca de su empleo?

No se trata de culpar automáticamente al turismo, a todos los propietarios o a cualquier persona que haya comprado una vivienda. Se trata de reconocer que, cuando el acceso a un hogar se vuelve cada vez más difícil, las administraciones tienen la obligación de actuar y explicar qué están consiguiendo.

Porque una comarca no puede funcionar únicamente como lugar donde trabajar, comprar, veranear o pasar el fin de semana. También tiene que ser un lugar donde la gente pueda vivir.

MENOS ESCAPARATE, MÁS RESULTADOS

La vivienda se ha convertido en un asunto demasiado importante para dejarlo en manos de eslóganes, enfrentamientos partidistas y promesas que se renuevan cada temporada electoral.

Hay responsabilidades públicas, decisiones urbanísticas, falta de vivienda asequible, tensiones entre usos residenciales y turísticos, desigualdad económica y un mercado que no garantiza por sí solo que todo el mundo pueda acceder a un hogar.

No existe una varita mágica. Tampoco una única medida que lo arregle todo. Pero sí existe una obligación elemental: explicar qué se hace, con qué recursos, para quién y con qué resultados.

Necesitamos políticas evaluables, vivienda asequible real, protección frente a los abusos y una planificación que no convierta el acceso a un hogar en una carrera de obstáculos.

Y necesitamos que el debate deje de tratar a las personas como cifras secundarias de una operación inmobiliaria.

Porque una vivienda no es solamente un activo financiero, una licencia turística o una línea en una cartera de inversiones. Es el lugar donde una persona descansa, donde una familia construye su vida y donde alguien debería poder envejecer sin miedo a perderlo todo.

Maricarmen no debería convertirse en un nombre que se recuerda durante unos días y después desaparece entre la siguiente polémica y el siguiente titular.

Su historia debería obligarnos a mirar de frente una pregunta que seguirá ahí cuando se apaguen las cámaras:

¿De qué sirve reconocer el derecho a una vivienda digna si, para demasiadas personas, conseguirla se ha convertido en una prueba de resistencia económica?

Menos discursos. Menos fotografías inaugurando proyectos. Menos promesas con fecha electoral.

Y más viviendas a precios que la gente pueda pagar.

Porque cuando tener un techo se convierte en un lujo, el problema no es solo el precio de los pisos.

El problema es qué clase de sociedad estamos aceptando construir mientras algunos hacen negocio con una necesidad básica y otros cuentan los días para saber si podrán seguir viviendo en su casa.

Sense Anestèsia. Si pica, quizá sea porque hay algo que duele.